Obama declara a Venezuela una amenaza a la seguridad nacional

La orden ejecutiva congela los bienes de siete altos funcionarios del gobierno de Venezuela y les prohíbe su entrada al país.

El presidente Barack Obama ordenó hoy que se implementen las sanciones aprobadas recientemente contra Venezuela y declaró una situación de "emergencia nacional" por el "riesgo extraordinario" que supone la situación en ese país sudamericano para la seguridad de Estados Unidos.

La orden ejecutiva congela los bienes de siete altos funcionarios del gobierno de Venezuela y les prohibe su entrada al país.

La Administración Obama también expresó su preocupación por el tratamiento que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro da a sus oponentes políticos.

“Las autoridades venezolanas del pasado y el presente que violan los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos y han participado y participan en actos de corrupción pública, no serán bienvenidos aquí”, dijo el secretario de Prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, en un comunicado. 

“Ahora tenemos las herramientas para bloquear sus activos y su uso en los sistemas financieros de Estados Unidos”, agregó.

La medida, explicó La Casa Blanca, fue tomada por la preocupación de que el gobierno de Nicolás Maduro esté incrementando la intimidación de sus oponentes políticos.

“Los problemas de Venezuela no se pueden resolver al criminalizar la disidencia”, dice el comunicado, que hace un llamado a liberar “a todos los prisioneros políticos, que incluyen a docenas de estudiantes, al líder de la oposición Leopoldo López y a los alcaldes Daniel Ceballos y Antonio Ledezma”.

“La única manera de resolver los problemas de Venezuela es a través del diálogo verdadero, y no deteniendo a los oponentes e intentando silenciar las críticas”, subraya el comunicado.

La declaración termina recordando que Estados Unidos sigue comprometido con mantener “vínculos fuertes y duraderos” con la gente de Venezuela y abierto para mejorar la relación con el gobierno venezolano.

En una llamada de conferencia de la Casa Blanca, Ricardo Zúñiga, director principal del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental dijo que las sanciones anunciadas este lunes "no se dirigen en contra de la población venezolana ni en contra de su economía, sino de personas específicas que han actuado en contra de los derechos humanos en ese país".

El pasado 10 de diciembre el Congreso estadounidense ya había aprobado sanciones a funcionarios venezolanos y Obama había ratificado esas medidas el 18 de diciembre, pero no ha sido hasta este lunes cuando la Casa Blanca identificó a los afectados por esas medidas.

A quiénes afecta

La orden ejecutiva emitida este lunes por el Presidente Obama se enfoca en aquellos funcionarios o empleados del gobierno de Venezuela que el Departamento del Tesoro determine, mediante una consulta con el Departamento de Estado, que estén involucrados en:

   - Acciones o políticas que debiliten los procesos o instituciones democráticas;actos significativos de violencia o conductas que constituyan un serio abuso o violación de los derechos humanos, incluidos aquellos contra personas involucradas en protestas antigubernamentales en Venezuela a partir de febrero de 2014;

   - Acciones que prohíban, limiten o penalicen el ejercicio de la libertad de expresión o reuniones pacíficas; o

   - Corrupción pública de los altos funcionarios dentro del gobierno de Venezuela.

La orden presidencial también autoriza el Departamento del Tesoro, mediante una consulta con el Departamento de Estado, a aplicar sanciones a cualquier persona determinada a:

   - Ser un líder actual o exlíder de cualquier entidad que tiene, o cuyos miembros se hayan, involucrado en cualquier actividad descrita en la orden presidencial o de una entidad cuyas propiedades e intereses en propiedades estén bloqueados o congelados de conformidad con la orden presidencial; o

   - Ser un funcionario actual o exfuncionario del gobierno de Venezuela.

Los sancionados

Los siete funcionarios venezolanos sancionados por la Administracióin Obama son:

   - Antonio José Benavides Torres: Comandante de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI) de la región central de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y exdirector de operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela. Benavides Torres es un exlíder de la GNB, una entidad cuyos miembros se han comprometido en actos significativos de violencia o conductas que constituyen un abuso serio o violación a los derechos humanos, incluidos aquellos contra personas involucradas en protestas antigubernamentales a partir de febrero de 2014. En varias ciudades de Venezuela, miembros de la GNB emplearon la fuerza en contra de los manifestantes y periodistas pacíficos, incluida la violencia física severa, agresión sexual y armas de fuego.

   - Gustavo Enrique González López: Director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y presidente del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA). González López es responsable por o cómplice de, o responsable por solicitar, controlar o de otra manera dirigir, o ha participado, de forma directa o indirecta, en actos significativos de violencia o conducta que constituyen un abuso serio o violación de los derechos humanos, incluidos aquellos en contra de personas involucradas en protestas antigubernamentales en Venezuela a partir de febrero de 2014. 

Como director general del SEBIN, se asoció con la supervisión de los líderes de la oposición del gobierno de Venezuela. Bajo la dirección de González López, SEBIN ha tenido un papel importante en las acciones represivas en contra de la población civil durante las protestas en Venezuela. Además de causar varias lesiones, el personal de SEBIN cometió cientos de entradas forzosas y detenciones extrajudiciales en Venezuela.

  - Justo José Noguera Pietri: Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), una entidad propiedad del estado, y excomandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela. Noguera Pietri es un exlíder de la GNB, una entidad cuyos miembros se han comprometido en actos significativos de violencia o conductas que constituyen un abuso serio o violación a los derechos humanos, incluidos aquellos contra personas involucradas en protestas antigubernamentales a partir de febrero de 2014. 

En varias ciudades de Venezuela, miembros de la GNB usaron fuerza excesiva para reprimir a manifestantes y periodistas, lo que incluyó la violencia física severa, agresión sexual y armas de fuego.

   - Katherine Nayarith Haringhton Padrón: Fiscal de nivel nacional de la 20ª oficina de distrito del ministro público de Venezuela. Haringhton Padron, en su capacidad como fiscal, acusó a varios miembros de la oposición, incluido al exlegislador de la Asamblea Nacional María Corina Machado y, a partir de febrero de 2015 al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma Díaz, con el crimen de conspiración relacionado con el supuesto asesinato/planes de golpe de estado con base en información inverosímil y en algunos casos inventada. La evidencia que se usa para respaldar los cargos en contra de Machado y otros fue, al menos en parte, basada en correos electrónicos fraudulentos.

   - Manuel Eduardo Pérez Urdaneta: Director de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela. Pérez Urdaneta es un líder actual de la Policía Nacional Bolivariana, una entidad cuyos miembros se han comprometido en actos significativos de violencia o conductas que constituyen un abuso serio o violación a los derechos humanos, incluidos aquellos contra personas involucradas en protestas antigubernamentales a partir de febrero de 2014. Por ejemplo, miembros de la Policía Nacional usaron fuerza física severa en contra de manifestantes y periodistas pacíficos en varias ciudades de Venezuela, lo que incluyó disparos de municiones reales.

   - Manuel Gregorio Bernal Martínez: Jefe de la 31ª Brigada Blindada de Caracas de la Armada Bolivariana de Venezuela y exdirector general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de Venezuela.o Bernal Martínez estuvo al mando del SEBIN el 12 de febrero de 2014, cuando los oficiales dispararon sus armas en contra de los manifestantes y mataron a dos individuos cerca de la oficina del fiscal general.

   - Miguel Alcides Vivas Landino: Inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela y ex comandante de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI) de la región de los Andes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela. Vivas Landino es responsable por o cómplice de, o responsable por solicitar, controlar o de otra manera dirigir, o ha participado, de forma directa o indirecta, en actos significativos de violencia o conducta que constituyen un abuso serio o violación de los derechos humanos, incluidos aquellos en contra de personas involucradas en protestas antigubernamentales en Venezuela a partir de febrero de 2014.

Qué dijo Venezuela

La Canciller de Venezuela, Delcy Rodriguez, dijo el lunes en Cararas durante una rueda de prensa que pronto el gobierno del presidente Maduro dará conocer su respuesta sobre el alcance las acciones anunciadas por el presidente Obama.

Al ser preguntada en exclusiva por The Associated Press en que situación quedan las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos en este momento, Rodriguez dijo que: "Nosotros insistiremos en relaciones de respeto y de igualdad soberana entre los países".

La declaración oficial

La siguiente es la declaración completa emitida por la Casa Blanca sobre las sanciones a Venezuela:

Hoy el Presidente Obama emitió una nueva orden presidencial para implementar y ampliar sobre la Ley de defensa de derechos humanos y sociedad civil de 2014 de Venezuela.  

Los funcionarios de Venezuela del pasado y presente que violen los derechos humanos de ciudadanos venezolanos y que se involucren en actos de corrupción pública no serán bienvenidos aquí, y ahora tenemos las herramientas para bloquear sus bienes y su uso de los sistemas financieros de Estados Unidos.

Estamos muy preocupados por los esfuerzos del gobierno de Venezuela por escalar la intimidación de sus oponentes políticos.  Los problemas de Venezuela no se pueden resolver al criminalizar la disidencia.  

Hemos llamado al gobierno de Venezuela de forma constante para que liberen a aquellos que están encarcelados injustamente, así como para mejorar el clima del respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, tales como la libertad de expresión y reuniones pacíficas.  

Estas son esenciales para una democracia que funciona, y el gobierno de Venezuela tiene la obligación de proteger estas libertades fundamentales. El gobierno de Venezuela debe liberar a todos los prisioneros políticos, que incluyen a docenas de estudiantes, al líder de la oposición, Leopoldo López y los alcaldes Daniel Ceballos y Antonio Ledezma.

La única manera de resolver los problemas de Venezuela es a través del diálogo verdadero, y no deteniendo a los oponentes e intentando silenciar las críticas.  La gente de Venezuela se merece un gobierno que respete su  compromiso con la democracia, según se articula en la Carta de OAS, la Carta Democrática Interamericana y otros instrumentos fundamentales relacionados con la democracia y los derechos humanos.

Hemos visto muchas veces que el gobierno de Venezuela trata de distraer de sus propias acciones al culpar a los Estados Unidos u otros miembros de la comunidad internacional por los eventos dentro de Venezuela.  Estos esfuerzos reflejan una falta de seriedad por parte del gobierno de Venezuela para tratar con la situación grave que enfrenta.

Es desafortunado que durante una época en donde hemos abierto un compromiso con cada nación en el continente americano, Venezuela ha optado ir en la dirección opuesta. A pesar de las dificultades en nuestra relación oficial, Estados Unidos sigue comprometido con mantener nuestros vínculos fuertes y duraderos con la gente de Venezuela y está abierto para mejorar nuestra relación con el gobierno de Venezuela.