Nuevas sanciones de Estados Unidos a funcionarios de Venezuela
El Departamento de Estado anunció en un comunicado las nuevas medidas, que se traducirán en restricciones de visas para los afectados, sin detallar las identidades ni la cifra de sancionados.
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En un comunicado firmado por su vocera Jen Psaki, el Departamento de Estado explicó que las penas consistirán en la restricción de visas para los funcionarios venezolanos afectados y sus familiares directos.
Sin embargo, debido a los requisitos de confidencialidad que impone la legislación sobre visas vigente en Estados Unidos, la nota no detalló la cantidad ni la identidad de quienes serán objeto de las puniciones.
Las restricciones recaerán sobre funcionarios y ex funcionarios venezolanos que "se cree que son responsables o cómplices de abusos contra los derechos humanos", así como a otras personas "consideradas responsables de actos de corrupción pública".
El texto sostiene que "ignorando las reiteradas peticiones de cambio hechas por gobiernos, respetados líderes y grupos de expertos, el gobierno venezolano ha seguido demostrando una falta de respeto hacia los derechos humanos y las libertades fundamentales".
En julio pasado, Estados Unidos impuso restricciones de visado a 24 funcionarios venezolanos presuntamente involucrados en violaciones de derechos humanos y en la represión de protestas opositoras.
Además, en diciembre, el presidente estadounidense, Barack Obama, promulgó una ley sancionada por el Congreso que estableció sanciones -que incluyen el congelamiento de activos y la prohibición para emitirles visados- contra funcionarios venezolanos considerados responsables de violaciones de derechos humanos.
En ambos casos, las penas se relacionaron con las protestas callejeras que sacudieron cotidianamente a las principales ciudades de Venezuela entre enero y junio del año pasado, y que dejaron 42 muertos, 873 heridos y 189 investigaciones por denuncias de violación de derechos humanos, según datos oficiales venezolanos.
La relación entre Venezuela y Estados Unidos, conflictiva desde la llegada al gobierno venezolano de Hugo Chávez, en 1999, quedó reducida a la mínima expresión en 2010, cuando el fallecido ex presidente expulsó al embajador norteamericano y Washington respondió con una medida recíproca.
Desde entonces, las representaciones diplomáticas están a cargo de encargados de negocios y en reiteradas ocasiones Maduro expulsó a funcionarios de la representación estadounidense, a los que acusó de conspirar para derrocarlo.
La última fuente de tensión se generó en las últimas horas, cuando Maduro afirmó que Biden estaba conspirando para favorecer la caída del gobierno venezolano.
"El poder imperial del Norte ha entrado en una fase peligrosa de desesperación, han ido hablar con los gobiernos del continente para anunciar el derrocamiento de mi gobierno", dijo Maduro ayer a través de la cadena oficial de radio y televisión.
"Acuso al vicepresidente de Estados Unidos, Joe Binden; personalmente él ha hablado con presidentes y primeros ministros", sostuvo el mandatario venezolano, y agregó que detrás de la "locura desatada" hay "mucho dinero".
Esa imputación fue desestimada esta tarde por una vocera del Departamento de Estado. "Hemos visto las informaciones de prensa sobre las acusaciones contra Estados Unidos por parte de funcionarios del gobierno venezolano; tal acusación es infundada y falsa", señaló.
La fuente agregó que "el gobierno venezolano debe centrarse en las quejas legítimas de su pueblo, que incluyen violaciones reiteradas de la libertad de expresión y de reunión, así como del debido proceso ante la ley".
El entredicho entre Maduro y Biden no fue el primero: en junio del año pasado, el mandatario venezolano afirmó que el vice estadounidense cometió un "abuso" al expresarle a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, su deseo de que en Venezuela hubiera "mayor democracia" y "se garanticen los derechos humanos".
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